Gobierno, patronal y sindicatos llegan a un acuerdo in extremis para prorrogar los ERTEs hasta el 31 de Enero de 2021, tras la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que se regula la tan esperada prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor aprobados con motivo de la COVID-19 y se contemplan nuevos ERTES por si hubiera nuevas limitaciones.
Nuevas medidas adoptadas en la aplicación de los ERTE COVID-19 como consecuencia del Real-Decreto-ley 30/2020
En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo se contemplan las siguientes medidas:
Se prorrogan hasta el 31 de enero de 2021 los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor tramitados conforme al artículo 22 del Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020
Se prevé la posibilidad de que las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, y las empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas a partir del 1 de octubre de 2020 tramiten un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, cuya duración se limitará a las citadas nuevas medidas.
Los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor derivados de la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención a partir del 1 de julio de 2020 que impiden el desarrollo de la actividad empresarial se mantendrán vigentes de acuerdo a lo recogido en las correspondientes resoluciones estimatorias.
Se establece la posibilidad de que a partir del 30 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, se inicien ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-19 según lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto ley 8/2020. Podrán iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo tramitado en base al artículo 22 del mismo Real Decreto ley 8/2020. Si se inicia tras la finalización de este, su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha en que haya finalizado dicho expediente.
Los expedientes vigentes a 30 de septiembre de 2020 continuarán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa hasta el término referido en la misma, pero los que finalicen durante la vigencia de este Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre podrán prorrogarse, siempre que en el periodo de consultas se alcance un acuerdo para ello.
Las personas afectadas por los ERTE regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y las que se hayan visto afectadas a partir del día 1 de julio, o lo sean a partir del día 1 de octubre de 2020 por expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor derivadas del COVID 19 como consecuencia de la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención (rebrotes) podrán percibir o continuar percibiendo hasta el 31 de enero de 2021 la prestación por desempleo prevista en el apartado 1 a) del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aunque carezcan de cotizaciones suficientes para ello, siempre que el inicio de la relación laboral o societaria haya sido anterior al 18 de marzo de 2020.
Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020.
Las empresas que en los procedimientos de regulación temporal de empleo por las causas previstas en el artículo 23 del Real Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, comuniquen a la autoridad laboral su decisión a partir del 30 de marzo de 2020, deberán formular solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la situación legal de desempleo. A estas personas trabajadoras también se les reconocerá la prestación prevista en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020 como máximo hasta el 30 de enero de 2021 aunque carezcan de cotización suficiente para ello.
A las personas trabajadoras afectadas por ERTE derivados del COVID 19, los días que perciban la prestación contributiva a partir del día 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021 se les restarán de la duración de las prestaciones que se les reconozcan posteriormente cuya fecha de inicio sea anterior al 1 de octubre de 2026.
Sin embargo, no se realizará ese consumo a quienes accedan a una nueva prestación antes del 1 de enero de 2022 por haber finalizado un contrato de duración determinada o por haber sido despedidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por cualquier otro motivo si el despido es improcedente.
La cuantía de la prestación será el 70% de la base reguladora, sin perjuicio de las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones por desempleo, y con independencia de que se hayan percibido más de 180 días de prestación.
A partir del 30 de septiembre de 2020 no se deducirá de la cuantía de las prestaciones reconocidas a las personas afectadas por ERTE la parte proporcional a las horas trabajadas en otros empleos que mantengan en la fecha en que fueron afectados por el ERTE.
Las personas trabajadoras afectadas por ERTE a quienes se haya deducido del importe de su prestación la parte proporcional al tiempo trabajado en otros empleos tienen derecho a una compensación económica en un solo pago, que podrán solicitar a través de la sede electrónica del SEPE hasta el 30 de junio de 2021, debiendo resolverse dichas solicitudes hasta el día 31 de julio de 2021.